Tras el pedido del Ministerio Público Fiscal en la audiencia de impugnación, la condena contra un acusado de distintos delitos contra la integridad sexual fue ratificada. El imputado fue condenado a quince años de prisión y actualmente se encuentra detenido.
La defensa particular que representa al acusado había solicitado que la condena sea revocada entendiendo que había existido una valoración arbitraria de la prueba a la hora de fundar la sentencia y en lo que entendía como una indeterminación de los hechos que fueran motivo de acusación.
Eugenia Vallejos y Santiago Marquez Gauna, fiscal del caso y fiscal jefe, que intervinieron en la audiencia por el Ministerio Público, consideraron que esos agravios ya habían sido planteados durante el juicio y que el Tribunal había dado respuesta a los planteos de forma suficientemente justificada.
Mencionaron que la condena se basó en las pruebas producidas en el debate entre las que destacaron el relato de la víctima – quien era menor de edad al momento de los hechos – el de una hermana de la misma y de un ex novio de la adolescencia.
El cuadro probatorio anterior se completó con la declaración de una docente que daba clases a la víctima y a quien le develó lo ocurrido y con la pericia del psicólogo Sergio Blanes Cáceres, integrante del Cuerpo de Investigación Forense del Poder Judicial.
Tras el análisis del caso y de las evidencias, el Tribunal de Impugnación integrado por Carlos Mussi, Adrián Zimmermann y Miguel Cardella resolvieron rechazar los agravios de la defensa y confirmar la sentencia en contra del imputado.
En febrero de este año el Tribunal integrado por las juezas Alejandra Berenguer, María Florencia Caruso y Sonia Martín, resolvió condenar a quince años de prisión al acusado por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal agravado.
Durante la audiencia de cesura la fiscalía solicitó la prisión preventiva del acusado teniendo en cuenta que en caso de permanecer en libertad el imputado podría darse a la fuga, intentando evitar el cumplimiento de la pena que sería de cumplimiento efectivo.
Las magistradas de esta ciudad hicieron lugar al pedido de la fiscalía y ordenaron la prisión preventiva del acusado hasta que se cumplan los plazos máximos legales previstos en el Código de Procedimiento Penal de nuestra provincial o hasta tanto el fallo adquiera firmeza.
