ATE aceptó propuesta de $60 mil sin tope salarial y exige su extensión a todos los estatales

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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) decidió aceptar la oferta del gobierno provincial de $60,000, pero con la condición de que no exista un tope salarial y que todos los empleados públicos se beneficien. Permanecen en estado de asamblea y no descartan medidas de protesta hasta obtener una respuesta.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) aceptó la propuesta del gobierno provincial de otorgar una suma fija de $60,000 a los trabajadores estatales. Sin embargo, su aprobación está condicionada a que no exista un tope salarial y que todos los empleados públicos se beneficien de esta compensación.

La demanda de ATE se basa en la preocupación de que con un límite salarial, más de 3.000 familias quedarían excluidas de recibir la compensación por la devaluación del 22% implementada por el Gobierno nacional.

El sindicato ha mantenido un estado de asamblea y no descarta llevar a cabo protestas hasta obtener una respuesta satisfactoria por parte del Gobierno. El martes, durante el Concejo de la Función Pública, se acordó programar una reunión adicional para el jueves 14 a las 11, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publique el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de agosto. Esto permitirá ajustar el 9% acordado para ese mes en la última paritaria y establecer una nueva pauta salarial para los próximos meses.

Además de la suma fija de $60,000, el Gobierno propuso un bono no deducible de futuras negociaciones, destinado a un grupo limitado de empleados estatales que perciben menos de $400,000. Sin embargo, ATE discrepa con este punto y señala que se está discriminando a los estatales rionegrinos que quedan excluidos, especialmente aquellos que alcanzan los $400,000 mediante horas extras y guardias adicionales bajo la ley 1904.

Rodrigo Vicente, secretario general de ATE Río Negro, expresó su preocupación por esta situación y no descartó la posibilidad de continuar con medidas de fuerza para protestar contra lo que considera una discriminación hacia una porción significativa de empleados públicos de la provincia.

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