El Gremio plantea que el protocolo de ‘prevención toxicológica’ debe aplicarse a todos los empleados, incluyendo a los funcionarios políticos.
El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (Soyem) solicitó una modificación en la ordenanza del protocolo de «prevención toxicológica» en el Municipio. Actualmente, esta ordenanza obliga a los empleados a someterse a pruebas de consumo de alcohol y drogas. Sin embargo, el gremio reclamó que también se incluya a los funcionarios políticos en este requisito.
El protocolo generó una fuerte controversia ya que fue diseñado y aprobado sin la participación de los sindicatos, lo que desató una protesta de los gremios municipales. Desde el Ejecutivo intentaron tranquilizar la situación asegurando que las pruebas obligatorias de drogas y alcohol no se aplicarían hasta completar un proceso informativo en todas las dependencias municipales.
Sin embargo, al analizar detenidamente la ordenanza, tanto Soyem como Sitramuci cuestionaron que los funcionarios políticos estén excluidos de la obligación de pasar pruebas de consumo de estupefacientes. «La enfermedad de consumo problemático afecta a todos los estratos y niveles de jerarquía sin discriminar», manifestaron desde Soyem.
Ante las quejas, el área de Recursos Humanos advirtió que cumplir con los pasos previos a las pruebas llevaría al menos seis meses. Por ende, la aplicación de la ordenanza recaería en la próxima gestión, encabezada por Rodrigo Buteler.
Soyem llevó su reclamo al Concejo Deliberante, exigiendo una modificación en el texto de la ordenanza para que todos los empleados, incluyendo a los funcionarios políticos, estén sujetos a las pruebas de consumo de alcohol y drogas. Consideran que esto garantiza igualdad en la aplicación de las disposiciones para todos los integrantes de la Municipalidad, evitando cualquier forma de discriminación o privilegio.
La ordenanza actual permite al Ejecutivo despedir sin indemnización a cualquier empleado que arroje resultados positivos en más de una ocasión, excluyendo a las autoridades de estas pruebas obligatorias. Para Soyem, esto constituye una discriminación evidente y una diferenciación injusta entre los trabajadores municipales. En su comunicado al Deliberante, el sindicato insistió en su derecho a participar en la elaboración de esta ordenanza que afecta la salud de todos los trabajadores municipales, subrayando la necesidad de abordar este tema de manera justa e inclusiva.
